entrevista
JUAN CARLOS URENDA
Candidato a la Gobernación por Todos por Santa Cruz
Su per fil
Nació en Santa Cruz el 1 de septiembre de 1960. Tiene 49 años.
Estudios • Abogado de la Universidad autónoma Gabriel René Moreno. Master en Derecho Internacional por American University en Washington y Master en Derecho por Harvard de EEUU. Con especialidad en derecho constitucional. Fue ideólogo de las autonomías con una tesis en 1987.
En una oficina llena de libros sobre autonomía, el candidato a la Gobernación por la agrupación “Todos por Santa Cruz” conversó con El Día sobre sus propuestas, pero también sobre lo que sucedió en el proceso autonómico. Urenda explicó que a pesar de haber estado junto al ex prefecto Rubén Costas en el proceso autonómico hoy “no son lo mismo”, revelando que detrás de la ex autoridad hubo grupos de poder que insistieron para que se desacelere la puesta en vigencia del Estatuto y eso abrió una diferencia de principios.
¿Qué propone a Santa Cruz?
Tenemos dos objetivos, generar las condiciones necesarias para un crecimiento económico, preservando contra la arremetida estatista del gobierno el modelo económico de desarrollo, trabajando sobre la principal limitación de este modelo que es la pobreza. El instrumento para esos dos aspectos es la autonomía, que es un instrumento para conseguir fines, no es un fin en sí mismo.
¿Qué pasó con las competencias?
Las competencias que tiene la Prefectura son tres o cuatro que datan de la Ley de Descentralización Administrativa del año 1995 que son electrificación rural, riego, caminos vecinales y pozos de agua, eso es todo lo que hace la Prefectura y eso no tiene nada que ver con el proceso autonómico. El proceso autonómico no ha generado la transferencia de ni un sólo dólar a la región y de ni una sola competencia, por lo tanto se puede decir que la autonomía está en cero, porque no se supo hacer cumplir el Estatuto votado por el 86% de la población.
¿Cuál será su primera tarea si es Gobernador?
Será utilizar toda nuestra capacidad y nuestros conocimientos en esta materia (autonomía), que es lo único que tenemos los cruceños ahora porque después de esta Ley Corta que es para designar a dedo a todos los jueces, el Gobierno tendrá los tres poderes del Estado y yo pretendo usar esos conocimientos y esa capacidad para hacer una conciliación normativa, es decir, una conciliación de la Constitución con el Estatuto y para eso tenemos que reformar los dos, tenemos que hablar con el Gobierno, tenemos que dialogar con el Gobierno, no podemos seguir tirando puertas, sin carajear.
¿Cómo recuperamos las competencias?
Tenemos que aprender a vivir con un grave error y es el de no haber participado como departamento cuando se estaba modificando la Constitución en el Parlamento, solamente los intereses particulares trabajaron para introducir algunos aspectos en la Constitución, pero se abandonó el tema autonómico, a mi juicio un grave error que tenemos que pagarlo todos ahora y trabajar sobre eso. ¿cómo vamos hacer?, tenemos que abrir un gran diálogo nacional.
¿Por qué plantea reconducir el proceso autonómico?
Este asunto ha sido abandonado por la gestión prefectural que pasó en el último año y eso no es una posición política de campaña, es una realidad que debemos asumir y a mí me preocupa mucho que por mejorar la figura personal del ex prefecto (Rubén Costas) están haciendo spots que dice que con autonomía estamos mejor y eso a mí me preocupa mucho porque estamos congelando el espíritu combativo del cruceño, estamos haciendo creer que estamos bien cuando estamos muy mal, los logros que ha hecho la Prefectura en materia de electrificación rural y de caminos no son de la autonomía, entonces no le podemos mentir a la gente diciendo que esos tendidos eléctricos, esos pozos de agua o esos caminos son de la autonomía, son competencias que ya tenía desde el 95, entonces estamos engañando a la gente y no nos queda otra más que reavivar ese espíritu combativo y en base a capacidad y conocimiento plantear al gobierno modificaciones.
¿Por qué perdió fuerza el movimiento autonómico?
Yo creo que entre los meses de septiembre y octubre del 2008 hubo un abandono de este proceso, yo no conozco las causas directas pero asumo que es una mezcla de temor, de desconocimiento y de intereses de un pequeño grupo, pequeñísimo grupo económico que prefirió ablandar posiciones para beneficiarse, ablandar posiciones para no perjudicar sus intereses y esta causa debe estar por encima de los intereses de grupo.
¿Qué lo diferencia con Rubén Costas?
Hay visiones completamente distintas, no somos lo mismo en absoluto y no representamos además a los mismos, yo no represento a grupos cerrados de poder ni a grupos económicos muy fuertes y pequeños, hay una diferencia de concepción de forma y de fondo.
Yo creo que Rubén Costas ha cumplido un ciclo importante pero el ciclo se ha agotado ya, necesitamos ahora encarar con mucha capacidad este reto porque la capacidad es lo único que ya nos queda, hemos permitido el avance del MAS a Santa Cruz por un vacío de poder.
¿Hubo grupos de poder que presionaron en el proceso autonómico?
Claro, un grupo pequeño, claro que sí, y deben haber sido los grupos que presionaron, grupos económicos muy pequeños que presionaron para un aflojamiento de la lucha autonómica para precautelar sus intereses y cuando se desaceleró el proceso autonómico tomé la decisión de retirarme.
“Tenemos que hablar con el Gobierno, tenemos que dialogar con el Gobierno sin tirar puertas y sin carajear”
“El proceso autonómico no ha generado la transferencia de ni un sólo dólar y de ni una sola competencia”
propuesta
Tierras• La tierra debe ser al menos una competencia compartida y debe dar cumplimiento a la función económico social, además que debe ser para la población que vive acá.
Seguridad• Hay que traer la competencia, al menos compartida con el Gobierno y luego hacer un plan de seguridad donde esté la policía comunitaria, la policía vecinal.
Educación y Salud• Debemos asegurar que la competencia de educación y salud sean íntegramente municipales con la coordinación del gobierno central. Hoy en la Constitución se han recortado las competencias de educación y salud que daba la Ley de Participación Popular y las gestiones compartidas concurrentes entre el gobierno central y los municipios.
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